Las personas empleadas del hogar han obtenido recientemente un importante avance en el reconocimiento de sus derechos laborales gracias a la aprobación de un Real Decreto que busca equiparar sus condiciones con el resto de trabajadores del ámbito laboral común. El nuevo marco normativo garantiza derechos fundamentales y medidas de prevención de riesgos, así como un mayor acceso a la protección social, tradicionalmente negados a este colectivo.
Históricamente, las personas empleadas del hogar han estado excluidas de numerosas garantías laborales, lo que propició condiciones de trabajo precarias y menos reguladas. Entre los avances recientes se destaca el reconocimiento del derecho a la prestación por desempleo desde octubre de 2022 y la ratificación del Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo, que regula las condiciones laborales del personal doméstico.
Seguridad y salud en el trabajo domestico
Uno de los puntos clave del nuevo decreto es el derecho de las personas empleadas del hogar a la seguridad y salud laboral, a pesar de que su entorno de trabajo —el hogar familiar— no se considera una empresa convencional. Las nuevas medidas incluyen:
- Vigilancia de la salud: reconocimiento médico voluntario, único por cada persona trabajadora, incluso si presta servicios para varios empleadores.
- Delegación de obligaciones preventivas: en caso de que el empleador no pueda asumir estas responsabilidades, se permite delegarlas en un familiar o persona del entorno.
Apoyo público para el cumplimiento de derechos
Para garantizar que los nuevos derechos no supongan una carga adicional para las familias empleadoras, se han impulsado medidas de apoyo público. Entre ellas destacan:
Además, el decreto establece que el empleador debe:
- Proporcionar equipos de trabajo seguros y garantizar su uso adecuado.
- Respetar el derecho de la persona trabajadora a interrumpir su actividad ante situaciones de riesgo grave e inminente, sin sufrir repercusiones.
Con estas medidas, se consolida un avance significativo en la lucha contra la precariedad laboral de las personas empleadas del hogar, reconociendo finalmente su derecho a condiciones laborales dignas y seguras.
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